Tercerización laboral en Colombia: la lucha por la contratación directa

Más de la mitad de los trabajadores en Colombia no tienen un contrato laboral, es decir, sus patrones no son responden por su seguridad social, no tienen posibilidad de agremiarse y no tienen estabilidad en su empleo. Esta clase de explotación de la mano de obra es la que llamamos tercerización.

A finales de 2008, más de diez mil corteros de caña de azúcar iniciaron una huelga en las plantaciones del Valle del Río Cauca contra las condiciones en las cuales desarrollaban su trabajo, los obreros eran contratados a través de más de 100 cooperativas de trabajo asociado y no tenían posibilidad de aspirar a una negociación colectiva con sus patrones pues no tenían ninguna relación laboral con los ingenios.

Desde entonces, los levantamientos de los trabajadores han tenido un factor recurrente: la tercerización laboral. El año pasado, los trabajadores de Pacific Rubiales y Ecopetrol en Puerto Gaitán luchaban por lo mismo: mejoras salariales ajustadas a las ganancias de la industria petrolera, estabilidad laboral y contrato laboral directo. De igual manera podemos citar los casos de los seis mil trabajadores de la palma africana en Puerto Wilches, los obreros del carbón en la Jagua de Ibirico y los trabajadores atuneros de Seatech en Cartagena.

Según cifras del Ministerio de Protección Social en 2010, sólo el 39% de los trabajadores tiene una relación laboral con la empresa para la cual presta sus servicios, el 13% trabaja en servicios domésticos o como jornalero sin tener ninguna relación contractual y el 48% es tercerizado.

Esta lucha por un contrato laboral es la misma que desarrollaron los trabajadores de las bananeras a principios de Siglo XX, masacrados en diciembre de 1928 para reprimir la huelga. Las conquistas obtenidas en las décadas posteriores se vienen perdiendo desde finales de los años 80.

 

¿Qué es la tercerización?

En julio de 2011, las centrales obreras colombianas –CTC, CGT y CUT– y el Programa País de la FNV (Central Sindical de Holanda) realizaron en Bogotá el Seminario Internacional contra la Tercerización Laboral, definiendo esta como una transferencia de actividades a otra empresa o contratista.

Pero la tercerización es algo más que la reorganización de una cadena de producción, es todo un mecanismo de los empresarios para aumentar la explotación de la mano de obra y reducir los costos laborales, a través de figuras jurídicas por medio de las cuales contrawtan a destajo por cortos períodos de tiempo a los trabajadores, evaden su responsabilidad de aportar a la seguridad social y debilitan su derecho a la asociación. La tercerización es una manera de eliminar los derechos laborales y diluir la relación patrono/trabajador, suprime la estabilidad laboral e impide el derecho de asociación.

En la actualidad los empresarios recurren a distintas formas de tercerización: empresas de servicios temporales (EST), cooperativas de trabajo asociado (CTA), agencias de empleo, contrato sindical, sociedades por acciones simplificadas (SAS)y órdenes de prestación de servicios, entre otras.

 

La tercerización y el ‘modelo’ neoliberal

La intención de la burguesía es siempre aumentar sus ganancias, para lo cual debe reducir el número de trabajadores y sus ingresos. Esta meta dependerá de la respuesta de los trabajadores, de sus niveles de organización y de capacidad para luchar.

Esto ocurrió en los comienzos del capitalismo y durante el Siglo XX, los burgueses siempre han intentado ‘flexibilizar’ el trabajo. No hay un ‘modelo’ malo de la burguesía, el neoliberal, y un ‘modelo’ bueno, el proteccionista. Lo que existe es una lucha entre trabajadores y burgueses, unos por aumentar sus ganancias y otros por mejorar sus condiciones de existencia.

En esta lucha, los trabajadores sufrieron una derrota a escala internacional con la caída de los Estados Obreros a finales del decenio de los 80, lo que permitió que la burguesía ajustara sus normas para hacer más ‘flexible’ el trabajo, esto es, para permitir despidos masivos en las empresas, formas de contratación temporal y una relación laboral indirecta.

En el caso de Colombia, desde finales de los 80 la burguesía inició una ofensiva legislativa que buscaba la ‘flexibilidad’ laboral con el pretexto de aumentar la productividad de las industrias nacionales y de hacer más atractivo el país para la llegada de las transnacionales que buscaban establecerse en países con mano de obra barata.

 

 

 

Legalización de la ‘flexibilidad’ laboral

En 1989 se crea el Régimen General de Trabajo Asociado, reglamentado al año siguiente para permitir la creación de Organizaciones de Trabajo Asociado y Cooperativas de Trabajo Asociado. De inmediato, los empresarios comenzaron a crear estas cooperativas que les permitían vincular a sus trabajadores sin contratos, sin prestaciones sociales, sin pagos de parafiscales e incluso sin tener que garantizar el salario mínimo.

Entre 2000 y 2005 fue el ‘boom’ de la tercerización, las CTA pasaron de ser el 21% del total de cooperativas a ser el 46,1%, de 732 pasaron a 2.980 y de tener un promedio de 75 ‘socios’ en promedio pasaron a tener 160, es decir, de 55.496 socios se pasó a 378.933.Para el 2006, 451.869 colombianos estaban empleados a través de CTA, de los cuales el 70% ganaba menos del salario mínimo, para este año existían ya 3.296 cooperativas.

Antes de esta normatividad existían las Empresas de Servicios Temporales, que vieron afectados sus ingresos por la proliferación de las nuevas formas de contratación. En 2004 estas empresas lograron la expedición de la Circular 067, firmada por el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Economía Solidaria, que advertía a las CTA para que no realizaran intermediación laboral en servicios propios de las EST. En este documento se recordaba a las CTA de que no podían ‘asociar’ trabajadores para que cumplan la ‘misión’ de las empresas, reconoció que las CTA se habían convertido en contratistas de servicios con régimen especial que no estaban sujetas a la legislación laboral y que estas entidades debían tener autonomía administrativa respecto a las empresas a las que suministraban personal.

Pero ninguna de estas circulares, algunas de ellas concertadas con las centrales obreras, detuvo el crecimiento de la tercerización laboral hasta 2003, cuando comienza a disminuir la creación de nuevas CTA por la saturación del mercado laboral.

En 2006, Álvaro Uribe Vélez, presionado por los fondos de pensiones y la entidades de salud, anunció un decreto para reglamentar las CTA, frente al cual Julio Roberto Gómez, Secretario de la Confederación General del Trabajo, CGT, manifestó que es “un hecho positivo que el Presidente de la República haya garantizado que las cooperativas de trabajo asociado no pueden seguir haciendo intermediación laboral y por ello celebramos ese decreto”. Tres años después el panorama era igual y se pasó del 47% al 40% de los trabajadores con contrato a término indefinido.

Por ello, en septiembre de 2008 los corteros de caña abren un ciclo de luchas en las que los trabajadores sin formas de organización sindical, sin contratos laborales y sin apoyo de las centrales obreras –que actúan más como mediadores entre los trabajadores y el estado y no como organizadores de las luchas– se lanzan a la huelga y la movilización por lograr un contrato laboral con las mínimas garantías.

 

 

¿Y las centrales?

Las iniciativas de las centrales obreras en Colombia han apuntado a una campaña mundial orientada por la Confederación Sindical Internacional, CSI, a la cual se encuentran afiliadas todas las centrales colombianas. Esta campaña por el ‘trabajo digno o decente’ tiene como objetivo aumentar el número de sindicalizados de manera formal en concertación con los gobiernos.

Su premisa fundamental es la lucha contra el ‘modelo’ neoliberal no contra el capitalismo, por lo cual las actividades de esta campaña no se centran en organizar a los trabajadores para la movilización y en la coordinación continental o global de las luchas sino en la afiliación de los trabajadores tercerizadosa los sindicatos existentes.

El objetivo de las centrales frente al Gobierno de Santos es: “Eliminar las Cooperativas de Trabajo Asociado; garantizar la estabilidad laboral de los 120 mil provisionales; garantizar el derecho de asociación y de negociación colectiva de los empleados públicos; garantías para ejercer la actividad sindical y respeto a los derechos humanos y políticas de empleo y trabajo decente”. Y su sustento fue que la Casa Blanca condicionó el desarrollo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia a la eliminación de las CTA.

El Gobierno Santos no tuvo ninguna dificultad en expedir el Decreto 2025 de 2011, por medio del cual se estableció que para efectos de la Ley 1429 de 2010 se entiende como tercerización el envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones. De esta manera cumplía su acuerdo con Obama y demostraba que las solicitudes de las centrales son inocuas mientras no se exija la eliminación de toda forma de tercerización y la obligatoriedad de que toda contratación sea directa.

 

Con o sin garantías, los trabajadores luchan

Las luchas de los trabajadores en los últimos tres años, desde la huelga de los corteros de la caña hasta el levantamiento de los trabajadores petroleros en Pacific Rubiales, son la demostración de que la clase obrera puede luchar con o sin garantías. Desde luego que bajo una normatividad que brinde garantías mínimas de asociación y estabilidad laboral, las condiciones serían más favorables, pero el ejemplo que dieron los trabajadores tercerizados es que aún es las peores situaciones contractuales pueden luchar.

El problema ha sido que sus luchas han quedado aisladas, pues no están en la agenda de las centrales y los sindicatos de sus ramas. Peor aún: cuando las masas de trabajadores se movilizan, estas organizaciones llegan a proponer su papel de intermediarios con el Gobierno e intentan llevar estas luchas a una mesa de ‘concertación’, en lugar de activar una campaña de solidaridad con esos levantamientos y huelgas. ¿Qué hubiese sido de las luchas de los corteros con al menos una jornada nacional de protesta de la CUT o de las luchas de Puerto Gaitán con un paro de al menos 24 horas en Barrancabermeja y Cartagena por parte de la USO?. A cambio, los grandes sindicatos y las centrales —una vez son derrotados los trabajadores en las mesas de concertación— llegan a estos territorios de la mano de ONGs y organismos de cooperación internacional de los gobiernos europeos cumpliendo su papel ‘humanitario’.

Por ello, la lucha contra la tercerización y la precarización del trabajo no se logra con campañas financiadas por las burocracias sindicales internacionales y menos aun por los gobiernos imperialistas europeos, sino con la movilización y la organización de los trabajadores. Esta debe ser una de las banderas que debemos agitar en las calles el próximo Primero de Mayo.

Antonio Romero