El debate sobre el aborto

 

Laura Leonor Gil Urbano es médica especialista en Ginecología y Obstetricia de la Universidad Nacional de Colombia, diplomada en Investigación en salud sexual y reproductiva en países en desarrollo por la Fundación para la Educación Médica de Ginebra en asocio con la Organización Mundial de la Salud.

Colaboradora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres desde donde ha difundido la normatividad y conceptualización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE, con énfasis en la causal salud, desde esta misma perspectiva ha brindado acompañamiento a diferentes casos específicos de solicitud de IVE que han sido relevantes en el trabajo por la defensa del derecho a la salud de las mujeres. Se desempeña en la actualidad como subdirectora de asistencia técnica de la red latinoamericana para la educación en salud reproductiva, ESAR.

Laura concedió esta entrevista sobre el tema del aborto a nuestro portal y al periódico El Socialista en calidad del vocera del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, GMD, un valioso aporte al debate que se abre en Colombia.

Laura, cuéntanos por qué es tan importante hablar del aborto hoy.

Porque el país se está dando cuenta que este es un tema del que hay que hablar y tiene muchos puntos de vista: moral, ético, de salud pública y de derechos. Lo importante es que no cerremos los ojos a esta realidad. No es que hoy se haya vuelto importante; el aborto es un tema que ha existido toda la vida, sólo que hoy se habla mucho más que antes.

¿Cuál es el impacto que tienen los abortos ilegales en la salud de las mujeres?

Un aborto practicado en condiciones seguras no debe ser causa de muerte, una mujer que se somete a un aborto seguro tiene una posibilidad de morir mucho menor que si tiene un parto normal, pero en los países en que el aborto está penalizado es muy diferente: existen muertes, existen complicaciones, secuelas como la infertilidad, trauma psicológico y muchas más como resultado de los abortos clandestinos.

Uno de los bastiones de los antiabortistas es que están salvando la vida del nonato, ¿realmente penalizar el aborto salva vidas?

Lo único que hace es causar muertes de mujeres. Estamos a favor de la vida de las personas o sea de las mujeres. El derecho a la vida es un derecho con varias intensidades y no es absoluto. Cuando se contrapone el derecho de un feto o embrión contra la vida de una mujer debe prevalecer la vida de la persona ya formada. A nivel personal cada una decide si da más peso a la vida del feto o a su vida, no es una decisión del estado, ni de los médicos o los jueces, es una decisión individual.

La Corte Constitucional en Colombia despenalizó el aborto en tres casos, ¿esa sentencia se está cumpliendo y  está disminuyendo la cantidad de abortos ilegales?

La sentencia es favorable a los derechos de las mujeres, sin embargo no se cumple a cabalidad. Las estadísticas  muestran que hasta el 2011 accedieron a abortos legales 1.100 mujeres, cuando se estima que cada año en Colombia suceden 400.400 abortos, la gran mayoría de estos en la clandestinidad, y lo más triste es que la mayoría estaban dentro de las causales que estableció la Corte, es decir, estas mujeres tenían derecho a que su sistema de salud asumiera los gastos y a no exponerse a un servicio clandestino que así fuera seguro  desde el punto de vista médico en algunos casos,  se constituye en una atención indigna  por el simple hecho de ser ilegal.

¿Cuáles con las principales barreras que encuentran las mujeres para acceder al derecho?

La primera es el desconocimiento de este derecho. La mayoría no recurren al sistema de salud cuando se enfrentan a un embarazo no deseado, acuden a un aborto ilegal o se automedican para tener el aborto solas. Por eso la Corte dice que se deben promover campañas para que las mujeres conozcan sus derechos sexuales y reproductivos.

Una segunda barrera es que el médico no conozca la sentencia o que haga una interpretación errónea y la vea de una forma muy estrecha. En general piensan que la sentencia es para mujeres muy enfermas o  a punto de morir, o en caso de violación piden requisitos que no están contemplados en la sentencia, ya que solo es necesaria la denuncia. Tampoco reconocen la salud mental como causal. Otros no separan su posición personal de su labor profesional, se pueden declarar objetores de conciencia y garantizar la atención por otro médico, pero al no estar de acuerdo con la decisión de la mujer la juzgan, la tratan de persuadir, le mienten al decirle que no está dentro de las causales para que desista de su intención y la mujer termina optando por un aborto clandestino; esta barrera es la más grave y no se puede medir porque la mujer simplemente se va a buscar un aborto clandestino. En las EPS y los hospitales y clínicas, a pesar de que lo único que se necesita es  un certificado médico se exigen juntas, vistos buenos administrativos o exigen que el certificado médico sea de la red de la EPS. Otra barrera la constituyen los jueces cuando por desconocimiento de la sentencia o  por conflictos morales, fallan en contra de las mujeres que interponen una tutela a pesar de tener todo el derecho. En este caso, al igual que con los médicos, algunos jueces no separan su deber como operadores de justicia, de sus principios morales.

¿Las adolescentes en Colombia están cobijadas por esa sentencia?

Sí, porque la sentencia dice que una mujer cuya salud esté en peligro como resultado del embarazo puede interrumpirlo y en este caso, por el simple hecho de ser adolescente existen riesgos físicos y mentales, como mayor riesgo de depresión y ansiedad, pero uno de los más importantes es el problema social de un embarazo en la adolescente cuando no lo desea: el abandono escolar, la perpetuación del círculo de pobreza porque va a tener menos oportunidades y esto está incluido dentro de la salud social. Desde este punto de vista se justifica plenamente el acceso a un aborto por la vía legal.

El problema de los abortos ilegales es de las mujeres pobres, ¿es así en Colombia?

Las mujeres ricas siempre han tenido acceso al aborto ilegal, pero seguro con médicos particulares, o legal en otro país. Esto se constituye en un problema de inequidad, contra la mujer porque no puede acceder a procedimientos que solo ella necesita e inequidad contra la mujer pobre o poco educada. Cuando hay penalización total o parcial las más perjudicadas son las mujeres pobres.

Imposible no hablar del Procurador, ¿por qué se opone al cumplimiento de la sentencia que despenaliza el aborto en tres casos?

Como comunidad científica debemos poner de presente una posición o al respecto. Primero ningún servidor público puede anteponer sus creencias religiosas o morales en su actuar público. Estas creencias se interponen en la forma de actuar del Procurador y esto lo ha llevado a decir imprecisiones.

La primera es sobre la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. El Procurador enunció que esto es promover el aborto, la Corte lo que dijo es que se deben promover los derechos sexuales; cuando a esto se le llama promover el aborto se estigmatiza la educación sexual. Cuando las personas conocen de derechos sexuales conocen de anticoncepción  y evitan los embarazos no deseados, cuando conocen los derechos frente al aborto pueden ejercerlos y no recurrir a abortos inseguros y se evitan muertes de mujeres y secuelas en su salud.

Segundo se le pidió retractarse de sus acciones para impedir que el misoprostol fuera incluido en el POS argumentando que era un medicamento peligroso. El misoprostol es reconocido por la OMS como un medicamento esencial que salva la vida de las mujeres no solo porque sirve para practicar abortos seguros sino porque también sirve para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto entre otras indicaciones. El misoprostol, es útil y barato y debe estar incluido en el POS y la única razón por la que no es incluido es que sirve para hacer interrupciones voluntarias del embarazo. Esto constituye una brecha en la calidad de los servicios que reciben las mujeres porque es un medicamento que sólo necesitan ellas y una brecha social porque las que no tienen medios económicos no pueden acceder.

 El otro punto es la anticoncepción de emergencia a la que el Procurador se refirió como abortiva y que solo podría ser utilizado en el marco de la sentencia C 355. Esto es erróneo. La anticoncepción de emergencia impide la ovulación e impide que la mujer quede embarazada. Si la ovulación ya ha sucedido no puede impedir el embarazo ni puede suspender el embarazo ya empezado. Se está dando un mensaje errado por parte de una persona que tiene autoridad y tiene que quedar claro que no tiene nada que ver con aborto, y que puede ser usado por cualquier mujer en el momento que lo necesite.

Por último, la Corte ha detectado que el Procurador General y las Procuradoras Delegadas han ejercido presiones para que la Superintendencia de Salud y el Ministerio de salud no  actúen frente a las barreras que se interponen en las IPS y las EPS para el acceso a la IVE. Es un mandato constitucional que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo sean de fácil acceso en el territorio nacional y en todo el sistema de salud. Quienes tienen la función de garantizarlo son el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud y cuando la procuraduría ejerce una presión contraria para que ellos no ejerzan esta función está extralimitándose e interponiendo una barrera a un servicio que solo requieren las mujeres.

¿La rectificación del Procurador cumple con el deber de brindar información veraz y completa?

Se limita a enunciar de manera escueta lo que la Corte le pidió, una rectificación real requiere de argumentos, así como se argumentaron las mentiras, tiene que argumentar las verdades que en este momento se ve obligado a decir. Es labor de nosotros, como asociación de profesionales, reconocer que la gente tiene derecho a conocer no solo esos enunciados sino por qué esos enunciados son verdaderos, por qué el aborto sí es un derecho porque está protegiendo los derechos fundamentales de las mujeres, por qué la anticoncepción de emergencia no es abortiva. Estoy convencida de que no es solo rectificarlo a través de una frase; la sociedad necesita reparación porque todas esas afirmaciones erróneas han producido un ambiente de miedo, de incertidumbre, de desconocimiento entre las personas que tienen que proveer el servicio, entre los médicos, entre los administrativos. Esto ha resultado en que una cantidad de mujeres no hayan podido acceder a los servicios y les haya tocado recurrir a abortos ilegales, o les haya tocado tener el hijo a pesar de todo, o que hayan quedado con secuelas irreparables por haber tenido que enfrentar los embarazos y no haber podido interrumpirlos. Se ha creado la política en las instituciones de no hacer mucho porque se garantice el acceso  a la interrupción voluntaria del embarazo por un ambiente de temor a la procuraduría.

¿Qué podemos hacer para que no se sigan cometiendo estos atropellos?

Hacer ejercicio de nuestros derechos, de nuestro derecho a la información. Aprender a separar la discusión moral y religiosa que cada persona puede tener pero que no puede restringir los derechos de los demás: pueden existir posiciones religiosas pero esto no debe influenciar la legislación ni el acceso de las mujeres a los servicios, ni llevar a la estigmatización de las mujeres que deciden abortar o de los médicos que deciden practicar abortos. La moral y la religión aplica solo al análisis individual que cada persona hace de su propia situación.

También debemos entender como sociedad que los derechos fundamentales son individuales para por ejemplo, entender que la  iniciativa de la Procuraduría de someter a un referendo el tema del aborto, es absolutamente inadecuado. Esta no es una cuestión de mayorías y ni de democracia sino de protección de las libertades individuales; es absurdo pensar que vamos a resolver en un referendo un problema de minorías, porque cuando la mujer se ve en esta situación de un embarazo no deseado es parte de una minoría, y sus derechos hay que protegerlos, y la manera de hacerlo, no es preguntarle al resto de la sociedad que piensa, por que además es ella y solo ella la que sufrirá las consecuencias del embarazo.

Otro paso es dar importancia a la educación sexual, abordar el tema con los adolescentes. El tema de la educación sexual ha sido un tabú y ahora es más abierto a  hablar de infecciones de transmisión sexual, de anticoncepción, pero el tema de aborto está escondido, en las casas no se toca y las adolescentes no conocen la posición de sus padres y se ven sometidas a ir solas a buscar abortos ilegales.